La Guardia Civil reduce los test de alcohol por la crisis

Las Palmas de Gran Canaria
La crisis económica
también afectará al trabajo de los miembros de la Guardia Civil, sobre
todo de la sección de Tráfico.
El Ministerio del Interior ha
impuesto una serie de medidas para reducir gastos entre las que se
incluye hacer menos kilómetros o no realizar controles de alcoholemia si
el agente cree que dará negativo.
Sólo se realizarán pruebas de
alcoholemia en caso de infracción o accidente, realizando únicamente
pruebas en los muestreos preventivos a los conductores en los que se
tenga certeza de influencia alcohólica».


Esta es,
textualmente, una de las medidas que la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil ha comunicado a los agentes de la Benemérita para
reducir costes.
En el caso de los controles de alcoholemia, el
ahorro vendrá por un menor gasto en las boquillas de las pruebas.
Sin
embargo, muchos guardias civiles han puesto el grito en el cielo dado
que existen muchas artimañas para simular que no se ha bebido y que el
agente no puede detectar a simple vista, permitiéndose a alguien que ha
bebido continuar conduciendo con el riesgo que esto supone.
Tampoco
se realizarán servicios de radar en movimiento sino en vehículos
estacionados en los arcenes de las autopistas.
Otra de las medidas
para ahorrar combustible será reducir la velocidad al menos un 20% con
respecto a la máxima permitida en la vía, facilitando el adelantamiento y
reduciendo así la capacidad de sorprender a un conductor que comete
alguna infracción como hablar por el móvil o no llevar el cinturón.
También
tendrán que incrementar el número de estacionamientos y permanecer en
ellos al menos 30 minutos; dejar que el vehículo circule por su propia
inercia en las bajadas; y reducir al máximo el uso de motocicletas,
vehículos camuflados y todoterrenos.
Por supuesto se insiste en el
ejercicio de la conducción económica con ventanillas cerradas, sin
frenazos bruscos y vigilando la presión de los neumáticos.
Otra de
las apuestas para evitar traslados es el fomento de las
videoconferencias para las comparecencias judiciales.
El control del
gasto telefónico es otro de los objetivos. Los agentes tienen
prohibidas las llamadas de fijo a móvil o viceversa y se suprimen la
totalidad de las llamadas particulares.
El operador de la centralita
será quien autorice las llamadas externas a móviles o provinciales.
También se pedirá explicaciones a los agentes que superen los límites
que se consideran precisos para las llamadas oficiales y todos deberán
hacer uso de los mensajes de texto para comunicar datos concretos y
evitar así que una llamada se extienda.
Por otro lado, se utilizará
el correo electrónico en todos aquellos casos en los que se pueda
sustituir a otros medios como el fax o el correo ordinario.
El gasto
energético también está en el punto de mira. Las instrucciones señalan
que hay que apagar todas las luces de las dependencias al abandonarlas.
Se limitará el uso de la impresora y más aún si ésta utiliza tinta de
color. El aire acondicionado deberá estar a 26 grados en verano y a 21
en invierno y se colocarán bombillas de bajo consumo en todas las
instalaciones.
Por último, las dietas por vigilancia de servicios y
otras comisiones con derechos a indemnización serán las mínimas
indispensables.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=168186

La dura crisis económica que está afectanto a España, y la inacción y falta
de previsión del Gobierno Zapatero está castigando duramente a la Guardia Civil,
que se está ahogando económicamente. Esta drástica disminución de recursos ha
provocado que desde el ministerio del Interior y la Dirección General de la
Policía y la Guardia Civil hayan puesto en marcha un plan de disminución de
servicios a "aplicar hasta nueva orden".
El mayor recorte se produce en la prestación de servicios de vigilancia de
carreteras, según uno de los documentos de "medidas provisiones" realizados por
el ministerio de Rubalcaba y a los que ha tenido acceso Libertad Digital.
Así, las patrullas deberán circular "a una velocidad más reducida que la
media del flujo circulatorio, la cual será normalmente inferior al menos en un
20 por ciento respecto a la máxima permitida en la vía en que se circule,
facilitando el adelantamiento", realizando durante el trascurso del servicio
"una conducción económica (ventanillas cerradas, evitar frenazos bruscos,
vigilando la presión de neumáticos...)".
A partir de ahora, se "recorrerá el tramo de carretera a vigilar al
comienzo del servicio y durante el resto del mismo se aumentarán al máximo los
estacionamientos en lugares conflictivos y tramos de concentración de
accidentes"; se "detendrá el funcionamiento del motor en los
estacionamientos"; y se "utilizará preferentemente en el servicio
vehículos de cuatro ruedas tipo turismo, disminuyendo el uso del todo
terreno y la motocicleta" .
Menos controles de alcoholemia

A esto, se añadirá la
eliminación de las patrullas unipersonales –supresión del Servicio
Unipersonal de Vigilancia de Autovías (SUVA)–, los vehículos camuflados para
detectar el exceso de velocidad permanecerán parados, en lugar de circular
con el fin de detectar a los infractores, y se suprimirán las guardias
combinadas de los equipos de atestados y las patrullas destinadas en la
zona.
Los controles de alcoholemia se reducirán de forma drástica, y se
llevarán a cabo cuando el agente vea en el conductor claros síntomas de
embriaguez, con el objetivo de que se pueda ahorrar material disminuyendo el
número de pruebas.
Un segundo documento, fechado el pasado 28 de abril, al que tuvo acceso este
periódico, aumenta las medidas de control de gasto al día a día de otras
unidades de la Benemérita. Las dietas por vigilancias serán las
"mínimas indispensables para el funcionamiento" de los servicios y
"siempre con el visto bueno del superior jerárquico"; y las comparecencias de
los agentes ante los tribunales por cuestiones de servicio se harán, siempre
que sea posible, por videoconferencia, para evitar los desplazamientos y
las dietas asociadas a ellos.
Telefonía, material de oficina y energía
La telefonía también tendrá importantes recortes. "Hay que rebajar
significativamente el importe del consumo de este concepto (gasto telefónico),
más debido al próximo aumento del IVA, para estar por debajo del consumo del año
pasado", señala el documento. Así,se"disminuirá al máximo el uso de
los teléfonos fijos y faxes oficiales", intentando
sustituir su uso, "siempre que sea posible", por el correo
electrónico. Se "pedirán explicaciones" a los agentes por
aquellas llamadas que superen, "tanto en tiempo como en importe, los
límites de lo que se consideren precisos".
En lo que a las líneas móviles se refieren, se utilizará la red Sirdee
(Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado)
"en lugar de la Movistar siempre que sea posible"; se utilizarán
mensajes de texto –SMS– antes que las llamadas; y se prohibe, "con
carácter general, la navegación por Internet desde el teléfono
móvil".
Respecto al material de oficina, Interior quiere que se impriman "únicamente
los documentos imprescindibles" y sea de "carácter excepcional" el uso de
impresoras, escáneres y fotocopiadoras. Parecido ocurrirá con el gasto
energético, que el ministerio del Interior quiere hacer disminuir con una
quincena de iniciativas, dentro del que destaca también el impacto que tendrá en
esas facturas la próxima subida del IVA.
UGT y CCOO, responsables
La órdenes ministeriales de reducción de gastos en la Benemérita fue
denunciada este lunes por la asociación profesional Independientes de la
Guardia Civil (IGC), que consideró que "el ahorro en las Administraciones
Públicas debería ser una práctica común diaria, pero no llevada a los extremos
de mermar la eficacia del servicio".
"Siendo por eso que criticamos al Gobierno por no haber hecho bien la función
gestora, de los recursos económicos públicos, y por no haber planificado el
gasto público racionalizando el uso de sus medios. Además no ha demostrado tener
capacidad para adelantarse a los acontecimientos, y haber previsto los
resultados de la crisis económica cuando subyacía, paliando con ello sus
consecuencias", continuó la asociación.
Por último, IGC responsabilizó de esta situación a los dos principales
sindicatos españoles, UGT y Comisiones Obreras. Esto lo justificaron en
que el "intervencionismo" de estos sindicatos en las negociaciones laborales
atenta contra la "autonomía de la voluntad de las partes" lo que significa, que
no permiten en las empresas o en los sectores funcionariales, que se pueda
negociar en contra de lo que ellos pactan genéricamente, en consonancia con lo
que su partido les indica. Debemos luchar por buscar nuevas formas de
representación de los trabajadores en la empresa, y en la Administración, de tal
manera que burócratas sindicales, en las altas esferas, no orienten la política
económica hacía la ruina y el paro".